El negocio del año
Por:
Ismael Álvarez Caballero.
El pésimo negocio de toda
la historia de Sabanalarga
El señor alcalde de Sabanalarga, no cesa
en su afán de sorprender a la opinión pública en sus
jugadas "Maestras" y "envidiables"
estrategias en el
manejo político y administrativo del municipio.
Recientemente fue ovacionado, aplaudido y aclamado por
las toldas de una importante fracción del partido
Conservador por su decidido apoyo electoral, utilizando
los incautos del Plan Colombia a elegir representante en
la Dirección Nacional Conservadora a su connotado jefe
político que se ha constituido en el adalid del partido
de "La Fuerza que decide", pero que lastimosamente,
según el comentario de mucha gente, últimamente se ha
constituido en "La Fuerza que se regala", Pero ahí no
concluye su famosa performance, en el año que
transcurre, con sus ínfulas de actor de cine o un
destacado diplomático de los más grandes del Jet – Set
criollo, ha recibido más condecoraciones que el propio
general MC artur en toda su vid.
Su intención es no perder ninguna
oportunidad para figura, tanto es así que existe
expectativa popular por la inminente condecoración e
imposición de la medalla Magna Cun Laude, por parte de
la Superintendencia Financiera y el Mercado Bursátil a
raíz de la fabulosa negociación o conciliación con el
extinta entidad estatal y empresa de economía mixta Caja
Agraria.
¡Qué genialidad la de este funcionario!,
sin querer acabar de hacer un valioso aporte a la
economía clásica con su teoría de los rendimientos
decrecientes en el fortalecimiento financiero de los
entes territoriales.
¡Por Dios!, quien puede entender el
hecho de que en el año 1999, el municipio de Sabanalarga
impetró denuncia penal contra la Caja Agraria,
Industrial y Minero por violación del contrato de
depósito en cuenta corriente por la suma de $
4.953.045.271.oo, a raíz de haber permitido esa entidad
movimientos bancarios y transferencias
ilícitas por cuenta de funcionarios no
autorizados por la alcaldía, suma que fue
rebajada por la Fiscalía 26 y la Contraloría
Municipal de esa época a la cifra de $
2.731.941.000, entidad que la oficializó
como faltante público, u el día 15 de
septiembre de 2008, nueve años después, el
señor alcalde concilio por la suma de $
1.180.000.000, es decir, el municipio dejó
de percibir $ 1.614.446.000 que corresponde
a mucho más del 50% del valor establecido,
en virtud a que se deben descontar los
honorarios del abogado y demás costas
del proceso. Por supuesto que es razonable
que la Caja Agraria, tal como lo consigna en
el fallo 08001 de fecha septiembre 18 de
2008 del Tribunal Administrativo del
Atlántico, es una entidad en liquidación y
como tal no debería asumir los costos de
indexación e intereses moratorios reclamados
por el demandante al impetrar la acción
legal, pero también es cierto que el
municipio, inmerso en una situación
financiera caótica y un desbordante déficit
fiscal, |
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tampoco está en condiciones de absorber
una pérdida de capital de esas proporciones y menos de
una entidad estatal integrada por el 90% accionario de
la nación. ¡Despierte señor alcalde! No sea ingenuo,
usted no se ha detenido a pensar que esa extinta empresa
a la cual usted le cedió generosamente esa importante
suma de capital es una entidad que cuenta con el aval
del Gobierno Nacional, ese mismo que le birló al
municipio mas de $ 4.000.000.000 de las transferencias
para la educación, salud y saneamiento básico, no, no
hay derecho a que estas cosas ocurran.
Le recomendamos respetuosamente que se
baje de la nube en que se encuentra y olvídese de se
"Gestión Nacional" que allá en Bogotá no le van a
regalar nada.
Dedíquese a gerenciar localmente su
municipio, comenzando por rendir obligatoriamente un
informe detallado a la comunidad, que es la propietaria
verdadera de los dineros públicos, sobre ese paso en
falso que dio, en lo que sin lugar a dudas se ha
configurado un enorme detrimento patrimonial.
Sólo nos resta exigirle que así como fue
magnánimo y generoso con la Caja Agraria en liquidación,
sea también austero e inflexible con sus acreedores que
no sientan remordimiento o piedad con el municipio en
cobrarle cuentas astronómicas en las que no sólo
incluyan exigencias de indexación, interés moratorios
etc., sino daño emergente y lucro cesante.
El municipio concilió
para perder…..
Se
esfumaron en un abrir y cerrar de ojo más de $3.800
millones. Se aceptó liquidar la deuda al 50% porque la
Caja Agraria se encuentra en liquidación. El municipio,
ahora, le debe al Banco Agrario la suma de $2.579
millones producto de un préstamo de $689 millones en
1998. La entidad crediticia no la exonera de ningún
impuesto. ¿Por qué no hizo un cruce de cuentas y el
municipio quedaba exento de deuda con esa entidad?
El detrimento
patrimonial más absurdo que se haya cometido con
municipio alguno en Colombia acaba de producirse con
Sabanalarga, de un tajo y sin medir las consecuencias
funestas que esto pueda acarrearle en un futuro
inmediato, el alcalde Carlos Adolfo Roca Roa, concilió
un negocio donde se dejó de percibir para las arcas
locales más de $3.800 millones.
El municipio
representado por el mandatario acabó de conciliar una
demanda instaurada contra la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Comercial por la suma de $4.953.045.271.oo.
Esta era la base para definir el litigio de ocho años, o
cualquier transacción o conciliación. Pero, todo fue lo
contrario, porque en esta oportunidad el alcalde Carlos
Roca, se tranzó inexplicablemente por la suma de $1.180
millones, al aceptar negociar por el 50% el capital, que
no lo era, y que jamás sería negociable porque eran
dineros del municipio y estos fueron sustraídos
dolosamente de la Caja Agraria como se pudo comprobar
por los informes de la Fiscalía 26 y la Contraloría
Municipal.
Este dinero
de la conciliación ingresó a las arcas del presupuesto
general de ingresos e inversiones del municipio de
Sabanalarga a través de recursos de balance. Este fue el
proyecto 041 de noviembre 26 de 2008, que fue aprobado
por un grupo mayoritario del concejo. Hubo abstención
del voto por ese Acuerdo de varios ediles entre ellos
Rafael Castillo y Roberto León, ambos copartidarios del
alcalde Roca Roa y quienes lo ayudaron a elegir alcalde.
Este proceso
se inició el 16 de noviembre de 1998, fue denunciado
por el señor Osvaldo Bermúdez Barros, Gerente Regional
de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Comercial de
Barranquilla, ante la Dirección Seccional de Fiscalía
Historia
La triste
historia de este fatal desenlace se inicio entre 1996 y
1998, cuando se produjo un desfalco, un robo, y
posterior derroche de que fueron victimas los dineros
consignados por el municipio en la extinta Caja de
Crédito Agrario Industrial y Comercio, sucursal
Sabanalarga, para ese tiempo.
La
cuantificación de la misma se conoció luego que la
Fiscalía 26 mediante la radicación Nº 2114 de 1998, al
realizar una investigación contable estimó la pérdida
era de $ 2.794.476.000. Por su parte la Contraloría
Municipal de Sabanalarga, en el proceso fiscal Nº 004 de
1998, lo estimo en $ 2.731.941.048. La diferencia
surgida entre estas dos investigaciones la Fiscalía 26 y
la Contraloría Municipal, fue de $63.534.952. Se
elevaron faltantes de los fondos públicos en las cuentas
corrientes que estaban bajo la custodia de la Caja de
Crédito Agrario Industrial y Comercio, hoy en
liquidación.
Por su parte,
el juzgado cuantificó el desfalco por la suma de
$363.172.848.50, lo que se considero como falso, porque
ese fue el monto impuesto a devolver por una de las
culpables que e acogió a la sentencia anticipada de esa
misma ciudad. Y por previa denuncia presentada a través
de una acción popular por el ciudadano, Ismael Jesús
Álvarez Caballero, ante la Contraloría Regional de la
Caja Agraria en la fecha del 6 de octubre de 1998.
En ella
solicitó una auditoría específica, relacionada con
las cuentas corrientes del municipio de Sabanalarga,
Atlántico, radicadas en la Caja Agraria de esta
localidad, ya que en asocio con funcionarios de esta
entidad y el Contador del Municipio, presuntamente se
vienen esquilmando los dineros de dichas cuentas
mediante el sistema de notas débitos, abonándoselas a
cuentas corrientes de otras personas o con cheques de
otras cuentas y estas son cargadas a las cuentas
municipales. De la misma manera las notas débitos por el
concepto del pago de nóminas de personal. Que se aclare
también la forma de los sobregiros al municipio y a la
empresa de Acueducto. Al igual que las conciliaciones
primer semestre del año en curso ¨.
Pero ni
siquiera al momento de la conciliación judicial
adelantada en el Tribunal Administrativo del Atlántico,
pasó por la cabeza del alcalde, su asesor, el apoderado,
y demás funcionarios se les ocurrió hacer un cruce de
cuentas para eliminar una deuda y sacar al municipio de
la calificación E, con semáforo en rojo, y colocarlo en
verde, que hubiese sido una ganancia a futuro, solo así
si hubiese aceptado los $1.180 millones.
Esa deuda obedeció a un préstamo por $689.909.893 que se
convirtió en capital acumulado. Los intereses corrientes
es de $59 millones. Los intereses moratorios alcanzaron
hasta la fecha la suma de $1.830.204.997. Y el total de
la deuda $2.579.114.890. Nada más el pago de los
honorarios al abogado de la parte civil (Banco Agrario)
es de $95 millones. El profesional es Jaime Gechem Rojas
Inverosímil
Pero al mismo tiempo en algo inverosímil, bancarias de
dichas cuentas. Todo esto correspondiente a los años:
95,96 y 97 y el asombroso, sorprendente, es que el
municipio de Sabanalarga tiene uno compromiso de una
vieja deuda con la Caja Agraria, hoy Banco Agrario de
Colombia, que viene arrastrando de tiempo atrás 1998,
producto de un préstamo tripartito: Municipio, Concejo y
Contraloría Municipal. La alcaldía prestó $622
millones; el concejo $45 millones y la Contraloría $22
millones y a la fecha de hoy la deuda contraída suma la
no despreciable cifra de $2.579.114.890. De los tres
entes desapareció la Contraloría municipal como órgano
de control.
El municipio concilio………
Pero ni
siquiera al momento de la conciliación judicial
adelantada en el Tribunal Administrativo del Atlántico,
pasó por la cabeza del alcalde, su asesor, el apoderado,
y demás funcionarios se les ocurrió hacer un cruce de
cuentas para eliminar una deuda y sacar al municipio de
la calificación E, con semáforo en rojo, y colocarlo en
verde, que hubiese sido una ganancia a futuro, solo así
si hubiese aceptado los $1.180 millones.
Esa deuda
obedeció a un préstamo por $689.909.893 que se convirtió
en capital acumulado. Los intereses corrientes es de $59
millones. Los intereses moratorios alcanzaron hasta la
fecha la suma de $1.830.204.997. Y el total de la deuda
$2.579.114.890. Nada más el pago de los honorarios al
abogado de la parte civil (Banco Agrario) es de $95
millones. El profesional es Jaime Gechem Rojas, en el
proceso No.1578/2003. Lo que se establece en este
proceso es la pérdida continua del patrimonio municipal.
Lo que no se
ha podido establecer dentro del existente Balance, el
monto de lo hurtado, incluyendo la indemnización e
indexación y corrección monetaria realizada contra el
municipio de Sabanalarga. Como se puede apreciar a la
luz de las cosas el gran ganador fue el abogado Gechem
Rojas, quien se embolsillo $95 millones por honorarios,
y la Caja Agraria, porque por intereses monetario están
por encima de los $1.800 millones. Lo que indica que el
gran perdedor ha sido el municipio de Sabanalarga,
porque sigue endeudado.
Según lo
establecido por el Código de Comercio, las entidades
bancarias y financieras, como en este caso la Caja
Agraria es responsable por la más mínima y leve causa.
Teniendo el delito como tal, está demostrado y
comprobado, que genera responsabilidad civil, penal,
contractual, comercial y el de seguro de custodia se
convierte en fuente de obligación por parte de esta
entidad crediticia que debe responderle al municipio por
la pérdida del dinero de sus cuentas que estaba bajo su
custodia.
Por lo tanto
es lamentable que se haya hecho una pésima conciliación
cuando el monto o cuantía establecida por la Fiscalía y
/o Contraloría, demostrada y
comprobada,
bien soportado, que no era otro que de $2.700 millones,
que fue el desfalco cometido por los entonces
trabajadores de la hoy en liquidación Caja de Crédito
Agrario Industrial y Comercial, en combinación con
funcionarios de la administración. Sobre ese hecho aun
se mantiene vigente el proceso que no ha sido cerrado y
seis personas fueron condenadas. La providencia
establecía:
Unos en
calidad de coautores, otros de cómplices, así mismo por
peculado por apropiación y presunto delito de peculado
culposo.
Lo que en un
momento no se aceptaron o no estuvieron de acuerdo los
ex alcaldes, Adalberto Mercado, período 2001- 2003; y
Juan Acuña Colpas, 2003-2007. Incluso en una de esas dos
administraciones uno de los mandatarios, Acuña Colpas,
en sus diálogos alcanzó a ofertar la deuda a favor del
municipio por la suma de $8 mil millones, pero esto se
frustró, y nuevamente fue enviado el proceso al Tribunal
Administrativo del Atlántico.
Paralelamente
la Contraloría Municipal, vigente en esa época, ya
iniciaba la investigación fiscal No.004 contra los
presuntos responsables para lo cual fue citado
nuevamente Ismael Álvarez Caballero, para ampliar y
ratificarse de tal hecho, lo que sucedió el día 3 de
septiembre de 199
La Fiscalía
26 con el radicado No.2114/98 asumió la investigación
del caso de inmediato para lo cual fue citado el señor
Ismael Álvarez Caballero, en calidad de denunciante,
para ampliación y ratificación, ordenando la Fiscalía
las diligencias del registro y allanamientos de la
oficina de la Caja Agraria de Sabanalarga. Y previa
evaluación y determinación ordenó la captura de varias
personas
entre ellas la hoy condenadas y otras que están en
trámite en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Sabanalarga, Atlántico, como la del gerente Carlos Núñez
Lacera y el cajero, Armando Guerra Rendón, bajo el
radicado No.0320/2005, por rompimiento de la unidad
procesal se está a la espera de la realización de la
audiencia de juzgamiento.
Para la el 27
de enero de 2005, el Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Sabanalarga dictó sentencia condenatoria
parcial para los implicados, según proceso radicado con
el No.0102/2000. Esta providencia fue apelada por los
implicados y por el representante legal de la parte
civil en este caso Caja Agraria en liquidación, doctor
Bernardo Raad Hernández, en el proceso 0102/2000. Dicho
recurso subió al Tribunal Superior Judicial de
Barranquilla, confirmando y hasta modificando la
dosimetría de la pena a los condenados. Cabe destacar
que en el recurso interpuesto de fecha 16 de febrero de
2005, por el abogado Raad Hernández, en su condición de
parte civil en el literal A, del punto 4, en el acápite
2º de la sentencia apelada expresó: Que la demanda
formulada por el señor Ismael Álvarez Caballero, no se
le incluyó como coparticipe por lo que el fallo del
juzgado se corrigió y posteriormente fue notificado de
dicha sentencia.
Sin embargo
los responsables de tal hecho hicieron uso del recurso
de casación ante la Corte Suprema de Justicia – Sala
Penal, en la cual fue declarado inadmitido por no reunir
los requerimientos exigidos, en consecuencia fue
confirmado lo fallado por el Tribunal Superior de
Barranquilla, al no existir ninguna causal de nulidad.
A su regreso
del expediente al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito
de Sabanalarga, en donde se encuentra en espera hace más
de dos años de que se liberen las órdenes de captura o
en su defecto se le de traslado al Juez de Penas, para
la ejecución y terminación final del ilícito. De igual
manera, se está pendiente del proceso penal 0320/2005,
por decidir en el juzgado. De igual manera darle
cumplimiento por parte del municipio a la ley de
repetición.
Conciliación
El 15 del mes
de septiembre de 2008, se realizó la audiencia de
conciliación judicial. Para tal fin les informa a las
partes sobre la procedencia de esta audiencia, y la
conveniencia de llegar a un acuerdo conciliatorio por
tratarse de un asunto de carácter económico, concediendo
el uso de la palabra a las partes legales de las partes,
quien expresa: ¨ Teniendo en cuenta que este proceso
viene con una duración de ocho años y como el ánimo del
municipio de Sabanalarga ha sido siempre el de buscar
una salida conciliatoria al mismo, en cuatro
oportunidades mediante audiencias en la ciudad de
Bogotá, nos reunimos el representante legal del
municipio doctor Carlos Adolfo Roca Roa, y el
representante de la Caja Agraria en liquidación doctor
Francisco Estupiñán
Heredia,
junto al equipo de asesore, en donde se plantean
distintas situaciones de carácter económico sobre el
proceso, finalmente se llegó a un acuerdo equivalente a
la suma de Mil Ciento Ochenta millones de Pesos teniendo
en cuenta que la Caja Agraria en liquidación por esta
misma razón tiene una situación especial calificada sí
por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado por
encontrarse en estado de fuerza mayor, exonerada por
esto de la cancelación de intereses moratorios; dicha
suma corresponde al capital de las pretensiones de la
demanda junto con la suma pretendida por concepto de
indexación, que es el valor reconocido, rebajando en un
50%, lo cual es avalado por el señor alcalde ¨.
Lo único
cierto es que la duma de $1.180 millones no corresponde
al dinero hurtado o robado de las arcas de la Caja
Agraria porque las investigaciones adelantadas por la
Fiscalía 26 y la Contraloría Municipal, este era de
$2.794.476.000. Las matemáticas son puras y claras y por
lo tanto el municipio debió recuperar por lo menos ese
dinero desfalcado.
Cabe
preguntar ahora porque esos mismos argumentos esgrimidos
por los representantes de la Caja Agraria en
liquidación, no los aplica el municipio de Sabanalarga,
con relación a la deuda que se tiene con la Caja
Agraria. Porque es de conocimiento general el estado de
postración del municipio de Sabanalarga, con una
iliquidez a toda prueba. Entonces el municipio de
Sabanalarga puede cancelarles intereses moratorios a esa
entidad en liquidación por al suma de $1.830.204.997.
Además de intereses corrientes por $59 millones. Y los
honorarios de la parte civil por $95 millones. ¿Quién
tendrá la razón?.
Investigaciones
Lo que se
constituía en un daño social colectivo y por ende lo que
debía ser posteriormente una verdadera reparación
patrimonial se impulsó la primera denuncia ante la
Contraloría General de la República, Unidad de
Investigaciones Fiscales, bajo el No. UIF 5710 de fecha
14 de agosto de 1998. Luego se le dio traslado a la
Contraloría Municipal de Sabanalarga por jurisdicción,
abriendo investigación No.004 de 26 de agosto. Pero en
vista que esta entidad no brindaba las garantías,
credibilidad y celeridad en adelantar el proceso fiscal
respectivo, el tiempo transcurría y no se veía una
acción eficaz y ejemplarizante, se decidió interponer
dicha queja, denuncia, ante la Contraloría Regional de
la Caja de Crédito Agrario, bajo la orientación del
doctor Alfonso Horta, el 6 de octubre de 1998