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El negocio del año
Por: Ismael Álvarez Caballero.
El pésimo negocio de toda la historia de Sabanalarga

El señor alcalde de Sabanalarga, no cesa en su afán de sorprender a la opinión pública en sus jugadas "Maestras" y "envidiables"
estrategias en el manejo político y administrativo del municipio. Recientemente fue ovacionado, aplaudido y aclamado por las toldas de una importante fracción del partido Conservador por su decidido apoyo electoral, utilizando los incautos del Plan Colombia a elegir representante en la Dirección Nacional Conservadora a su connotado jefe político que se ha constituido en el adalid del partido de "La Fuerza que decide", pero que lastimosamente, según el comentario de mucha gente, últimamente se ha constituido en "La Fuerza que se regala", Pero ahí no concluye su famosa performance, en el año que transcurre, con sus ínfulas de actor de cine o un destacado diplomático de los más grandes del Jet – Set criollo, ha recibido más condecoraciones que el propio general MC artur en toda su vid.

Su intención es no perder ninguna oportunidad para figura, tanto es así que existe expectativa popular por la inminente condecoración e imposición de la medalla Magna Cun Laude, por parte de la Superintendencia Financiera y el Mercado Bursátil a raíz de la fabulosa negociación o conciliación con el extinta entidad estatal y empresa de economía mixta Caja Agraria.

¡Qué genialidad la de este funcionario!, sin querer acabar de hacer un valioso aporte a la economía clásica con su teoría de los rendimientos decrecientes en el fortalecimiento financiero de los entes territoriales.

¡Por Dios!, quien puede entender el hecho de que en el año 1999, el municipio de Sabanalarga impetró denuncia penal contra la Caja Agraria, Industrial y Minero por violación del contrato de depósito en cuenta corriente por la suma de $ 4.953.045.271.oo, a raíz de haber permitido esa entidad movimientos bancarios y transferencias ilícitas por cuenta de funcionarios no autorizados por la alcaldía, suma que fue rebajada por la Fiscalía 26 y la Contraloría Municipal de esa época a la cifra de $ 2.731.941.000, entidad que la oficializó como faltante público, u el día 15 de septiembre de 2008, nueve años después, el señor alcalde concilio por la suma de $ 1.180.000.000, es decir, el municipio dejó de percibir $ 1.614.446.000 que corresponde a mucho más del 50% del valor establecido, en virtud a que se deben descontar los honorarios  del abogado y demás costas del proceso. Por supuesto que es razonable que la Caja Agraria, tal como lo consigna en el fallo 08001 de fecha septiembre 18 de 2008 del Tribunal Administrativo del Atlántico, es una entidad en liquidación y como tal no debería asumir los costos de indexación e intereses moratorios reclamados por el demandante al impetrar la acción legal, pero también es cierto que el municipio, inmerso en una situación financiera caótica y un desbordante déficit fiscal,

 tampoco está en condiciones de absorber una pérdida de capital de esas proporciones y menos de una entidad estatal integrada por el 90% accionario de la nación. ¡Despierte señor alcalde! No sea ingenuo, usted no se ha detenido a pensar que esa extinta empresa a la cual usted le cedió generosamente esa importante suma de capital es una entidad que cuenta con el aval del Gobierno Nacional, ese mismo que le birló al municipio mas de $ 4.000.000.000 de las transferencias para la educación, salud y saneamiento básico, no, no hay derecho a que estas cosas ocurran.

Le recomendamos respetuosamente que se baje de la nube en que se encuentra y olvídese de se "Gestión Nacional" que allá en Bogotá no le van a regalar nada.

Dedíquese a gerenciar localmente su municipio, comenzando por rendir obligatoriamente un informe detallado a la comunidad, que es la propietaria verdadera de los dineros públicos, sobre ese paso en falso que dio, en lo que sin lugar a dudas se ha configurado un enorme detrimento patrimonial.

Sólo nos resta exigirle que así como fue magnánimo y generoso con la Caja Agraria en liquidación, sea también austero e inflexible con sus acreedores que no sientan remordimiento o piedad con el municipio en cobrarle cuentas astronómicas en las que no sólo incluyan exigencias de indexación, interés moratorios etc., sino daño emergente y lucro cesante. 


El municipio concilió para perder…..

 Se esfumaron en un abrir y cerrar de ojo más de $3.800 millones. Se aceptó liquidar la deuda al 50% porque la Caja Agraria se encuentra en liquidación. El municipio, ahora, le debe al Banco Agrario la suma de $2.579 millones producto de un préstamo de $689 millones en 1998. La entidad crediticia no la exonera de ningún impuesto. ¿Por qué no hizo un cruce de cuentas y el municipio quedaba exento de deuda con esa entidad?

El detrimento patrimonial más absurdo que se haya cometido con municipio alguno en Colombia acaba de producirse con Sabanalarga, de un tajo y sin medir las consecuencias funestas que esto pueda acarrearle en un futuro inmediato, el alcalde Carlos Adolfo Roca Roa, concilió un negocio donde se dejó de percibir para las arcas locales más de $3.800 millones.

El municipio representado por el mandatario  acabó de conciliar una demanda instaurada  contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Comercial por la suma de $4.953.045.271.oo. Esta era la base para definir el litigio de ocho años, o cualquier transacción o conciliación. Pero, todo fue lo contrario, porque en esta oportunidad el alcalde Carlos Roca, se tranzó inexplicablemente por la suma de $1.180 millones, al aceptar negociar por el 50% el capital, que no lo era, y que jamás sería negociable porque eran dineros del municipio y estos fueron sustraídos dolosamente de la Caja Agraria como se pudo comprobar por los informes de la Fiscalía 26 y la Contraloría Municipal.

Este dinero de la conciliación ingresó a las arcas del presupuesto general de ingresos e inversiones del municipio de Sabanalarga a través de recursos de balance. Este fue el proyecto 041 de noviembre 26 de 2008, que fue aprobado por un grupo mayoritario del concejo. Hubo abstención del voto por ese Acuerdo de varios ediles entre ellos Rafael Castillo y Roberto León, ambos copartidarios del alcalde Roca Roa y quienes lo ayudaron a elegir alcalde.

Este proceso se inició el 16 de noviembre de 1998,  fue denunciado por el señor Osvaldo Bermúdez Barros, Gerente Regional de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Comercial de Barranquilla, ante la Dirección Seccional de Fiscalía

Historia

La triste historia de este fatal desenlace se inicio entre 1996 y 1998, cuando se produjo un desfalco, un robo, y posterior derroche de que fueron victimas los dineros consignados por el municipio en la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Comercio, sucursal Sabanalarga, para ese tiempo.

La cuantificación de la misma se conoció luego que la Fiscalía 26 mediante la radicación Nº 2114 de 1998, al realizar una investigación contable estimó la pérdida era de $ 2.794.476.000. Por su parte la Contraloría Municipal de Sabanalarga, en el proceso fiscal Nº 004 de 1998, lo estimo en $ 2.731.941.048. La diferencia surgida entre estas dos investigaciones la Fiscalía 26 y la Contraloría Municipal, fue de $63.534.952. Se elevaron faltantes de los fondos públicos en las cuentas corrientes que estaban bajo la custodia de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Comercio, hoy en liquidación.

Por su parte, el juzgado cuantificó el desfalco por la suma de $363.172.848.50, lo que se considero como falso, porque ese fue el monto impuesto a devolver por una de las culpables que e acogió a la sentencia anticipada de esa misma ciudad. Y por previa denuncia presentada a través de una acción popular por el ciudadano, Ismael Jesús Álvarez Caballero, ante la Contraloría Regional de la Caja Agraria en la fecha del 6 de octubre de 1998.

En ella solicitó  una auditoría específica, relacionada con las cuentas corrientes del municipio de Sabanalarga, Atlántico, radicadas en la Caja Agraria de esta localidad, ya que en asocio con funcionarios de esta entidad y el Contador del Municipio, presuntamente se vienen esquilmando los dineros de dichas cuentas mediante el sistema de notas débitos, abonándoselas a cuentas corrientes de otras personas o con cheques de otras cuentas y estas son cargadas a las cuentas municipales. De la misma manera las notas débitos por el concepto del pago de nóminas de personal. Que se aclare también la forma de los sobregiros al municipio y a la empresa de Acueducto. Al igual que las conciliaciones primer semestre del año en curso ¨.  

Pero ni siquiera al momento de la conciliación judicial adelantada en el Tribunal Administrativo del Atlántico, pasó por la cabeza del alcalde, su asesor, el apoderado, y demás funcionarios se les ocurrió hacer un cruce de cuentas para eliminar una deuda y sacar al municipio de la calificación E, con semáforo en rojo, y colocarlo en verde, que hubiese sido una ganancia a futuro, solo así si hubiese aceptado los $1.180 millones.  

Esa deuda obedeció a un préstamo por $689.909.893 que se convirtió en capital acumulado. Los intereses corrientes es de $59 millones. Los intereses moratorios alcanzaron hasta la fecha la suma de $1.830.204.997. Y el total de la deuda $2.579.114.890.  Nada más el pago de los honorarios al abogado de la parte civil (Banco Agrario) es de $95 millones. El profesional es Jaime Gechem Rojas

Inverosímil

Pero al mismo tiempo en algo inverosímil, bancarias de dichas cuentas. Todo esto correspondiente a los años: 95,96 y 97 y el asombroso, sorprendente, es que el municipio de Sabanalarga tiene uno compromiso de una vieja deuda con la Caja Agraria, hoy Banco Agrario de Colombia, que viene arrastrando de tiempo atrás 1998, producto de un préstamo tripartito: Municipio, Concejo y Contraloría Municipal. La alcaldía prestó $622 millones;  el concejo  $45 millones y la Contraloría $22 millones y  a la fecha de hoy la deuda contraída suma la no despreciable cifra de $2.579.114.890. De los tres entes desapareció la Contraloría municipal como órgano de control.

El municipio concilio……… 

Pero ni siquiera al momento de la conciliación judicial adelantada en el Tribunal Administrativo del Atlántico, pasó por la cabeza del alcalde, su asesor, el apoderado, y demás funcionarios se les ocurrió hacer un cruce de cuentas para eliminar una deuda y sacar al municipio de la calificación E, con semáforo en rojo, y colocarlo en verde, que hubiese sido una ganancia a futuro, solo así si hubiese aceptado los $1.180 millones.  

Esa deuda obedeció a un préstamo por $689.909.893 que se convirtió en capital acumulado. Los intereses corrientes es de $59 millones. Los intereses moratorios alcanzaron hasta la fecha la suma de $1.830.204.997. Y el total de la deuda $2.579.114.890.  Nada más el pago de los honorarios al abogado de la parte civil (Banco Agrario) es de $95 millones. El profesional es Jaime Gechem Rojas, en el proceso No.1578/2003. Lo que se establece en este proceso es la pérdida continua del patrimonio municipal.

Lo que no se ha podido establecer dentro del existente Balance, el monto de lo hurtado, incluyendo la indemnización e indexación y corrección monetaria realizada contra el municipio de Sabanalarga. Como se puede apreciar a la luz de las cosas el gran ganador fue el abogado Gechem Rojas, quien se embolsillo $95 millones por honorarios, y la Caja Agraria, porque por intereses monetario están por encima de los $1.800 millones. Lo que indica que el gran perdedor ha sido el municipio de Sabanalarga, porque sigue endeudado.

Según lo establecido por el Código de Comercio, las entidades bancarias y financieras, como en este caso la Caja Agraria es responsable por la más mínima y leve causa. Teniendo el delito como tal, está demostrado y comprobado, que genera responsabilidad civil, penal, contractual, comercial y el de seguro de custodia se convierte en fuente de obligación por parte de esta entidad crediticia que debe responderle al municipio por la pérdida del dinero de sus cuentas que estaba bajo su custodia.

 Por lo tanto es lamentable que se haya hecho una pésima conciliación cuando el monto o cuantía establecida por la Fiscalía y /o  Contraloría, demostrada y

comprobada, bien soportado, que no era otro que de $2.700 millones, que fue el desfalco cometido por los entonces trabajadores de la hoy en liquidación Caja de Crédito Agrario Industrial y Comercial, en combinación con funcionarios de la administración. Sobre ese hecho aun se mantiene vigente el proceso que no ha sido cerrado y seis personas fueron condenadas. La providencia establecía:

Unos en calidad de coautores, otros de cómplices, así mismo por peculado por apropiación y presunto delito de peculado culposo.

Lo que en un momento no se aceptaron o no estuvieron de acuerdo los ex alcaldes, Adalberto Mercado, período 2001- 2003; y Juan Acuña Colpas, 2003-2007. Incluso en una de esas dos administraciones uno de los mandatarios, Acuña Colpas, en sus diálogos alcanzó a ofertar la deuda a favor del municipio por la suma de $8 mil millones, pero esto se frustró, y nuevamente fue enviado el proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico.

Paralelamente la Contraloría Municipal, vigente en esa época, ya iniciaba la investigación fiscal No.004 contra los presuntos responsables para lo cual fue citado nuevamente Ismael Álvarez Caballero, para ampliar y ratificarse de tal hecho, lo que sucedió el día 3 de septiembre de 199

La Fiscalía 26 con el radicado No.2114/98 asumió la investigación del caso de inmediato para lo cual fue citado el señor Ismael Álvarez Caballero, en calidad de denunciante, para ampliación y ratificación, ordenando la Fiscalía las diligencias del registro y allanamientos de la oficina de la Caja Agraria de Sabanalarga. Y previa evaluación y determinación ordenó la captura de varias

personas entre ellas la  hoy condenadas y otras que están en trámite en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de  Sabanalarga, Atlántico, como la del gerente Carlos Núñez Lacera y el cajero, Armando Guerra Rendón, bajo el radicado No.0320/2005, por rompimiento de la unidad procesal se está a la espera de la realización de la audiencia de juzgamiento. 

Para la el 27 de enero de 2005, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga dictó sentencia condenatoria parcial para los implicados, según proceso radicado con el No.0102/2000. Esta providencia fue apelada por los implicados y por el representante legal de la parte civil en este caso Caja Agraria en liquidación, doctor Bernardo Raad Hernández, en el proceso 0102/2000. Dicho recurso subió al Tribunal Superior Judicial de Barranquilla, confirmando y hasta modificando la dosimetría de la pena a los condenados. Cabe destacar que en el recurso interpuesto de fecha 16 de febrero de 2005, por el abogado Raad Hernández, en su condición de parte civil en el literal A, del punto 4, en el acápite  2º de la sentencia apelada expresó: Que la demanda formulada por el señor Ismael Álvarez Caballero, no se le incluyó como coparticipe por lo que el fallo del juzgado se corrigió y posteriormente fue notificado de dicha sentencia.

Sin embargo los responsables de tal hecho hicieron uso del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, en la cual fue declarado inadmitido por no reunir los requerimientos exigidos, en consecuencia fue confirmado lo fallado por el Tribunal Superior de Barranquilla, al no existir ninguna causal de nulidad.

A su regreso del expediente al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, en donde se encuentra en espera hace más de dos años de que se liberen las órdenes de captura o en su defecto se le de traslado al Juez de Penas, para la ejecución y terminación final del ilícito. De igual manera, se está pendiente del proceso penal 0320/2005,  por decidir en el juzgado. De igual manera darle cumplimiento por parte del municipio a la ley de repetición.

 Conciliación

El 15 del mes de septiembre de 2008, se realizó la audiencia de conciliación judicial. Para tal fin les informa  a las partes sobre la procedencia de esta audiencia, y la conveniencia de llegar a un acuerdo conciliatorio por tratarse de un asunto de carácter económico, concediendo el uso de la palabra a las partes legales de las partes, quien expresa:  ¨ Teniendo en cuenta que este proceso viene con una duración de ocho años y como el ánimo del municipio de Sabanalarga ha sido siempre el de buscar una salida conciliatoria al mismo, en cuatro oportunidades mediante audiencias en la ciudad de Bogotá, nos reunimos el representante legal del municipio doctor Carlos Adolfo Roca Roa, y el representante de la Caja Agraria en liquidación doctor Francisco Estupiñán

Heredia, junto al equipo de asesore,  en donde se plantean distintas situaciones de carácter económico sobre el proceso, finalmente se llegó a un acuerdo equivalente a la suma de Mil Ciento Ochenta millones de Pesos teniendo en cuenta que la Caja Agraria en liquidación por esta misma razón tiene una situación especial calificada sí por la Corte Constitucional y el Consejo de

 Estado por encontrarse en estado de fuerza mayor, exonerada por esto de la cancelación de intereses moratorios; dicha suma corresponde al capital de las pretensiones de la demanda junto con la suma pretendida por concepto de indexación, que es el valor reconocido, rebajando en un 50%, lo cual es avalado por el señor alcalde ¨.

Lo único cierto es que la duma de $1.180 millones no corresponde al dinero hurtado o robado de las arcas de la Caja Agraria porque las investigaciones adelantadas por la Fiscalía 26 y la Contraloría Municipal, este era de $2.794.476.000. Las matemáticas son puras y claras y por lo tanto el municipio debió recuperar por lo menos ese dinero desfalcado.

Cabe preguntar ahora porque esos mismos argumentos esgrimidos por los representantes de la Caja Agraria en liquidación, no los aplica el municipio de Sabanalarga, con relación a  la deuda que se tiene con la Caja Agraria. Porque es de conocimiento general el estado de postración del municipio de Sabanalarga, con una iliquidez a toda prueba.  Entonces el municipio de Sabanalarga puede cancelarles intereses moratorios a esa entidad en liquidación por al suma de  $1.830.204.997. Además de intereses corrientes por $59 millones. Y los honorarios de la parte civil por $95 millones. ¿Quién tendrá la razón?.

Investigaciones

Lo que se constituía en un daño social colectivo y por ende lo que debía ser posteriormente una verdadera reparación patrimonial se impulsó la primera denuncia ante la Contraloría General de la República, Unidad de Investigaciones Fiscales, bajo el No. UIF 5710 de fecha 14 de agosto de 1998. Luego se le dio traslado a la Contraloría Municipal de Sabanalarga por jurisdicción, abriendo investigación No.004 de 26 de agosto. Pero en vista que esta entidad no brindaba las garantías, credibilidad y celeridad en adelantar el proceso fiscal respectivo, el tiempo transcurría y no se veía una acción eficaz y ejemplarizante, se decidió interponer dicha queja, denuncia,  ante la Contraloría Regional de la Caja de Crédito Agrario, bajo la orientación del doctor Alfonso Horta, el 6 de octubre de 1998

 
 



 


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Fecha de actualización   jueves enero 05, 2017 20:47

 

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