Sabanalarga  un municipio sin saber cuantos son sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)           
Por Ismael Álvarez
Miércoles 29 Diciembre 2:56 p.m

Por eso no obtuvo la respectiva certificación para la vigencia 2008

No obstante, el alcalde expidió el decreto No. Nº 0080 de fecha 30 de octubre del 2009.

En el informe enviado por el municipio a la Contraloría General debe:
 

a.    Realizar las correcciones tanto en programación como en ejecución.

b.    Una vez corregidas las observaciones, revisar que no se haya borrado valores y que los totales correspondan a las copias  físicas.

c.    El total de ingresos $20.825.464.632 no concuerda con los totales del aplicativo SIDEF que es de $19.610.326.925, lo que presenta una diferencia de $1.275.137.707.

 Así mismo tampoco diligenciaron los  gastos ejecutados en la Administración Central, tanto en funcionamiento como inversión.

Como tampoco remitieron la información física sobre la ejecución de gastos del Concejo y la Personería.  

Por mandato legal, establecido en el artículo 6º de la ley 136 de 1994, sobre la categorización de los municipios, modificada por el artículo 2º parágrafo 5º de la ley 617 de Octubre de 2000, se determina que anualmente los alcaldes, mediante decreto, expedido antes del 31 de Octubre  la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo municipio. Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expidan el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación-ICLD, recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, además de la certificación expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre la población, remitirán al alcalde las certificaciones en mención, a más tardar el 31 de Julio de cada año. Claro está previo informe que debe enviar el municipio a la Contraloría General de la República. Aquí, como se dice popularmente, es donde la puerca tuerce el rabo, porque resulta que dicha información debe remitirse a la Contraloría a más tardar el 15 de Febrero del año siguiente, por tanto los certificados expedidos en el año 2009 corresponden a información  de la vigencia 2008. Según oficio CDEFP-81110 de fecha 21 de Diciembre expedido por NICOLAI ROSSIASCO PIRAJAN (Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas), la información pertinente, fue remitida por el municipio de Sabanalarga – Atlántico el pasado 17 de Marzo de 2009, mediante el aplicativo SIDEF, diseñado por la dirección de cuentas y estadísticas para el efecto, procediendo el analista asignado a su revisión, y encontró unas imprecisiones e inconsistencias en la información enviada por el municipio y le hicieron unas observaciones y correcciones solicitadas por la Dra. CLARA INES PRECIADO – profesional analista por la dirección de cuentas y estadísticas fiscales de la contraloría delegada de economía y finanza – las que no fueron atendidas oportunamente y el municipio no obtuvo la respectiva certificación para la vigencia de 2008.

Con todo y eso el señor alcalde municipal de Sabanalarga, Dr. Carlos A. Roca Roa, expide en fecha 30 de Octubre de 2009 el Decreto Nº 0080 categorizando al municipio en la 6ª categoría de la cual, valga decir, no hemos podido avanzar ni ascender desde hace más de 4 años. Hasta la fecha el municipio no sabe cuanto son sus ingresos tributarios, los cuales deben ser refrendado por la Contaduría  General de la Nación. Se hace necesario precisar que en el año 2008, los ICLD correspondientes a 2007, el municipio tuvo ingresos tributarios por la suma de $2.933.123.000, lo que no superaron los 15 mil salarios mínimos legales vigentes. Hoy estamos en peor situación porque no se sabe cuantos son sus ingresos, veamos:

El total de ingresos $20.825.464.632 no concuerda con los totales del aplicativo SIDEF que es de $19.610.326.925, lo que presenta una diferencia de $1.275.137.707.

Y, aun así se trata de imponer la ley 550. ¿a quien sancionarán a los funcionarios  o al municipio en detrimento de la comunidad?